Impuestos

Sostenibilidad Tributaria

Los reportes de sostenibilidad tributaria deben reflejar una política de transparencia así como de control y gestión de riesgos tributarios

Chile
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TEMAS

Los estándares de sostenibilidad están diseñados para que las organizaciones presenten información sobre sus impactos en la economía, el medio ambiente y la sociedad. Estos tres ámbitos también se vinculan con los denominados criterios ASG (criterios ambientales, sociales y gobernanza) o ESG, por sus siglas en inglés. Si bien dichos criterios deben ser considerados en forma interrelacionada, en el caso de la sostenibilidad tributaria se acerca, en mayor medida, a los temas “económicos”. En tal sentido, los tributos son esenciales para la política tributaria, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible declarados por la ONU (2015), esto es, “fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole”.

El problema se presenta en los casos en que las organizaciones formulan declaraciones de sostenibilidad sin mayor evidencia, pasando a constituirse en un buen “maquillaje” más que en un verdadero cumplimiento. No es suficiente declarar en un reporte ser un fiel cumplidor de la normativa tributaria vigente. Si se intenta resumir los estándares a que aspira la sostenibilidad tributaria, se podrían plantear tres aspectos: primero, que la gerencia encargada de cumplir con las obligaciones tributarias declare una política tributaria de transparencia, revelando los objetivos de su estrategia tributaria y que ésta sea aprobada por el Directorio. Segundo, contar con una gobernanza fiscal que vele por el control y gestión de riesgos. Tercero, como hacer partícipe a los grupos de interés de la política tributaria declarada por la organización.

Es evidente que el diseño de políticas de sostenibilidad tributaria conlleva costos de implementación, siendo un gran desafío de los Gobiernos crear este tipo de herramientas pre-distributivas orientadas al desarrollo de buenas prácticas fiscales que alcance, incluso, a las Pymes.

En Latinoamérica se ha estimado un incumplimiento tributario de 325.000 millones de dólares en el 2018, equivalente al 6,1% del producto interno bruto regional (CEPAL, 2020), lo que ha motivado a los países de la región a generar políticas sobre transparencia fiscal orientadas a disminuir las brechas de incumplimiento. Así, el 19 de noviembre de 2018 se realizó en Uruguay el Foro Global sobre transparencia e intercambio de información con fines tributarios, que reunió a países latinoamericanos con el objetivo de maximizar el uso efectivo de la información intercambiada entre administraciones tributarias en el marco de los estándares internacionales de transparencia tributaria para hacer frente a la evasión y elusión fiscal, la corrupción y otras formas de flujos financieros ilícitos (OECD, 2021). Los países miembros del Foro Global son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Actuaron como observadores de la declaración El Salvador y México. Los países que no han suscrito esta declaración son Bolivia, El Salvador, México y Nicaragua.

En el marco del Foro Global, los países latinoamericanos han concretado dos tipos de acciones entre el año 2020 y 2021 para promover la transparencia tributaria, esto es: las acciones de bases y las acciones complementarias (OECD, 2021). Las acciones de base pretenden establecer un marco legal, organizativo y de control adecuado que permita a las jurisdicciones beneficiarse plenamente del intercambio de información. En cambio, las acciones complementarias buscan traducir la transparencia tributaria en ganancias de ingresos. No obstante, el reporte de la OECD (2021) informa que, aunque casi todos los países latinoamericanos cuentan con una amplia red de intercambio de información, hasta el año 2020 todavía no estaban aprovechando todo el potencial de estos recursos para apoyar las auditorías fiscales, las investigaciones y otras actividades de cumplimiento para combatir la evasión fiscal transfronteriza, lo que se debía, principalmente, a los efectos de la pandemia COVID-19. Asimismo, muchas de las divulgaciones requeridas solo se comparten entre diferentes gobiernos y jurisdicciones tributarias de todo el mundo y no necesariamente se divulgan al público (Stiglingh et al., 2020). Esto no inhibe a que los contribuyentes puedan concretar acciones de transparencia tributaria destinadas a crear valor frente al escrutinio que demanda la sociedad.

Así, se han diseñado mecanismos voluntarios de transparencia a través de reportes de sostenibilidad, dentro de los cuales se encuentra el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), reconocido como un estándar internacional lanzado en el año 1999 basado en el análisis de RebecoSAM. El DJSI evalúa las empresas más grandes del mundo listadas en la Bolsa a través de su Corporate Sustainability Assessment (CSA) y desde el año 2017 crea el Dow Jones Sustainability Index MILA Pacific Alliance que evalúa el nivel de sostenibilidad en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En el año 2014 el DJSI acordó incorporar la evaluación de la estrategia tributaria de las empresas, esto bajo el fundamento de que una estrategia tributaria demasiado agresiva podría no ser sostenible a medio o largo plazo.

La evaluación de la estrategia tributaria del DJSI considera tres preguntas: primero, se pide a las empresas que revelen su política o estrategia tributaria, en forma pública o privada o declarar que no existe una política fiscal formal. En segundo lugar, se evalúa la presencia de informes fiscales a nivel regional o nacional y las variaciones entre jurisdicciones, con el propósito de alentar a las empresas a ser transparentes sobre dónde se pagan los impuestos y por qué los pagos de impuestos pueden variar entre un país o región y otro. Finalmente, en tercer lugar, se pregunta a las empresas si han evaluado los riesgos a medio y largo plazo de sus estrategias fiscales.

Reportar la estrategia tributaria de acuerdo con el DJSI se constituye en un factor relevante de sostenibilidad tributaria, sin embargo, en los últimos años, los países latinoamericanos han optado, mayoritariamente, por aplicar reportes de sostenibilidad de acuerdo con la normativa Global Reporting Initiative (GRI). Así, hasta el año 2020, en países latinoamericanos con mercados de capitales con capitalización bursátil doméstica superior a USD 30.000 millones, se observa que, en promedio, solamente un 37,5% de un total de 762 empresas de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, cuentan con, al menos, un reporte de sostenibilidad, esto es, 286 empresas, de las cuales un 73,1% presentan reportes de sostenibilidad en base a la normativa GRI, como muestra la Figura 1.

Figura 1. Compañías que reportan GRI
Fuente: GRI; AG Sustentable (2021)

GRI combina sus categorías con tres marcos destacados, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (Bird and Davis-Nozemack, 2018). Considerando lo anterior, GRI revela las contribuciones positivas o negativas de las organizaciones, permitiendo a los grupos de interés formarse opiniones de ellas.

La GRI se estructura en estándares universales y estándares temáticos. En el caso de los estándares universales son aplicables a cualquier organización que prepare un informe de sostenibilidad y corresponden a los siguientes: GRI 101: Fundamentos, que incluye información esencial sobre cómo usar y hacer referencia a los estándares; GRI 102: Contenidos generales, destinado a presentar información contextual sobre una organización; y GRI 103: Enfoque de gestión, para informar sobre la gestión de cada estándar temático. Los estándares temáticos están organizados en tres series: GRI 200, sobre temas económicos; GRI 300, sobre temas ambientales; y GRI 400, sobre temas sociales.

En el año 2019, GRI actualizó sus estándares incluyendo en su índice la temática sobre impuestos GRI 207, con vigencia desde enero de 2021, el que deriva del estándar GRI de la serie 200 sobre temas económicos. De acuerdo con el nuevo estándar GRI 207, la información a revelar se estructura en dos ámbitos, uno, en contenidos sobre el enfoque de gestión fiscal y, dos, sobre contenidos temáticos de informes país por país. El enfoque de gestión fiscal resulta esencial porque la información busca que la organización describa su política tributaria (207-1); la gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos (207-2); y la participación de grupos de interés y gestión de inquietudes en materia fiscal (207-3). En el caso del informe país por país (207-4) tiene por finalidad reportar sobre todas las jurisdicciones fiscales en las que las entidades registran inversiones.

Si bien este nuevo estándar GRI 207 se elaboró en respuesta a las preocupaciones sobre el impacto negativo que tiene la evasión fiscal en el desarrollo sostenible (GRI, 2020a), un estudio realizado a 25 países OECD revela que ni las dimensiones ESG ni la medida general de responsabilidad social empresarial (RSE) demuestran ser un determinante directo significativo de la evasión fiscal (Montenegro, 2021). Incluso, Montenegro (2021) compara distintos estudios de compañías australianas (Lanis and Richardson, 2012), chinas (Gulzar et al., 2018), del Reino Unido y de Francia (Salhi et. al, 2019), que han reportado una relación negativa entre la RSE y la elusión fiscal.

Algunos postulan que una mayor transparencia en los reportes de sostenibilidad tributaria podría ser un mecanismo eficaz para mitigar el riesgo de reputación relacionado con los impuestos (Stiglingh et. al, 2017; Fombrun and Rindova, 1998). Estudios realizados con base a entrevistas de casi 600 ejecutivos de impuestos corporativos, revelaron la importancia en cómo la planificación tributaria puede afectar la reputación de los gerentes (Graham et al., 2014). Así, una organización que descuide dichas responsabilidades éticas puede encontrarse en bancarrota moral rompiendo la confianza de los grupos de interés (Val et al., 2013) y generando una tensión ineludible entre la intención creativa de la organización y la ética (Baucus et al., 2008). Una sólida reputación es ampliamente reconocida como el activo más valioso de una empresa (Rudyanto & Pirzada, 2020). Por lo tanto, generar transparencia en las decisiones corporativas es una buena práctica que suma valor para la empresa frente al escrutinio social.

Es por lo anterior que las empresas contribuyen al bienestar social mediante el pago de los impuestos y la elusión fiscal se presenta como un problema frente a la sostenibilidad. Sin embargo, pagar impuestos al Estado solo puede aumentar el bienestar social si el gobierno realmente usa los impuestos en beneficio de la comunidad (Alm y Torgler, 2011), en ese sentido, si la empresa no cree que el gobierno puede asignar impuestos para el beneficio de la comunidad, la empresa evitará impuestos y utilizará su dinero para la evasión de impuestos para llevar a cabo su propia responsabilidad social empresarial (RSE) (Rudyanto & Pirzada, 2020; Bird & Davis-Nozemack, 2018). Es por lo anterior que los anuncios de los gobiernos deben ser más transparentes en cuanto a las razones y los efectos de los cambios de política fiscal, utilizando presupuestos anuales como una oportunidad para educar a los ciudadanos sobre el sistema tributario en lugar de herramientas para manipular al público (Larre, 2018).

En el caso de Chile, un estudio realizado a las 30 compañías con mayor presencia bursátil de acuerdo con el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), determinó que un 37% de las compañías chilenas informan reportes de sostenibilidad bajo el estándar GRI; el 40% presenta memorias anuales integradas bajo el estándar GRI y, el 23% no presenta reportes de sostenibilidad (Faúndez-Ugalde et al., 2022). El mismo estudio reveló como resultado que el cumplimiento del estándar GRI 207-4 tiene un comportamiento significativamente distinto al estándar GRI 207-1, 207-2 y 207-3. Este mayor cumplimiento del estándar GRI 207-4 se presenta por la información que proporcionan los estados financieros que obliga a las compañías, de acuerdo con la normativa contable internacional, a consolidar sus resultados por las inversiones en el extranjero. En cambio, en el caso de los estándares GRI 207-1, 207-2 y 207-3, el enfoque está puesto en divulgar, transversalmente, la estrategia tributaria, lo que se presenta en menor medida.

Finalmente es importante hacer presente que las medidas de sostenibilidad tributaria que puedan definir los contribuyentes deben ir en armonía con la política tributaria que definan los Estados. Por la misma razón, las acciones de transparencia fiscal que han definido las administraciones tributarias de países latinoamericanos desde el Foro Global de Punta del Este del año 2018 no contemplan la posibilidad de una participación directa e integrada con los contribuyentes como mecanismo de cooperación (Faúndez-Ugalde et al. 2022). Si bien existen otros mecanismos de cooperación entre los contribuyentes y la administración tributaria como el Advance Pricing Agreement (APA) orientado a evitar cualquier disputa de precios de transferencia, y el Pre-filing Agreement Program (PFA) diseñado para que los contribuyentes soliciten la consideración de un tema evitando posibles disputas y controversias en un proceso de fiscalización, en contraste, existe la necesidad de que los formuladores de políticas en los países latinoamericanos introduzcan a nivel normativo mecanismos de cooperación integrada de transparencia fiscal entre las administraciones fiscales y las empresas reguladas, en un contexto de sostenibilidad tributaria.


Referencias
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