1. Aspectos generales
Perú es un país megadiverso y multicultural que enfrenta una serie de problemáticas ambientales, las cuales se han agudizado durante los últimos años por los efectos del cambio climático, que, a su vez, surge como resultado del crecimiento industrial, de la proliferación de actividades extractivas contaminantes relacionadas con la minería, agricultura, pesca, explotación forestal, energía e hidrocarburos y del incumplimiento de las normas ambientales y de las buenas prácticas sostenibles que permitan mantener las condiciones naturales de los ecosistemas, la calidad del ambiente y la salud y la calidad de vida de las personas.
Las cuestiones ambientales, en este sentido, forman parte de la agenda nacional del Gobierno y demanda la implementación de políticas públicas efectivas e integrales que mitiguen los efectos de la contaminación ambiental y del cambio climático. Sin embargo, observamos que las autoridades no tienen un interés ni un sentido de urgencia real en solucionar dicha exigencia debido al costo económico y político que conlleva la regulación e implementación de procedimientos y técnicas de producción menos contaminantes, y, ciertamente, por una falta de previsión de las consecuencias devastadoras de la inacción estatal ante la problemática ambiental y de los efectos positivos que puede acarrear el diseño y la puesta en marcha de mecanismos productivos eco-amigables.
Hoy en día aún persiste la idea generalizada de que el crecimiento económico y el desarrollo social son incompatibles con el cuidado del medio ambiente debido al sacrifico económico que conlleva la ejecución de técnicas y procedimientos menos contaminantes. Esta percepción refleja una realidad inexorable, que consiste en admitir que “[…] la garantía de un medio ambiente saludable exige sacrificios de corto plazo y genera elevados costos políticos, ya que para toda sociedad es difícil asumir esta decisión intertemporal de sacrificar el presente a cambio de un futuro más sustentable” (Seroa, 2001, 7). Sin embargo, desde una óptica de largo plazo, el manejo sustentable de los recursos ambientales resulta fundamental para que el crecimiento económico y social que experimenta nuestro país no destruya ni restrinja la disponibilidad de estos recursos para las generaciones presentes y futuras.
En este escenario, la política fiscal se convierte en un instrumento eficaz para modificar el comportamiento de los agentes económicos, influir en el proceso de formación de los precios, y fomentar formas de producción y de consumo compatibles con la preservación de los recursos naturales. En esa línea, puede contribuir con la generación de incentivos económicos con propósitos ambientales y con el diseño de un modelo económico de desarrollo sostenible a través del sistema impositivo, el gasto y la inversión pública. La combinación de políticas de ingresos (impuestos ambientales) y de gastos (subsidios ambientales) permite modificar los precios de los bienes/servicios contaminantes mediante impuestos de tipo “pigouviano” o en una cuantía que hace viable que la actividad económica que los genera internalice el costo ambiental que ocasiona, así como promover el uso de prácticas productivas y de consumo menos lesivas con el medio ambiente (Almeida, 2014, 7).
2. El cambio climático y la gestión ambiental
El cambio climático surge como resultado de la variación a largo plazo de los patrones atmosféricos, tanto a nivel regional como global, que se origina por factores naturales; pero, principalmente por las acciones humanas que emiten gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Estos gases, procedentes del uso de gasolina y del carbón, del desmonte de tierras y bosques, del consumo de energía, de la agroindustria, del transporte, entre otros factores, abrazan la periferia del planeta, capturan el calor del sol e incrementan considerablemente las temperaturas.
Desde una perspectiva económica, es una externalidad negativa global que se da como resultado de las actividades económicas que emiten gases de efecto invernadero (Stern, 2008), pero que no internalizan el costo ambiental y social que producen. Estas emisiones están directamente relacionadas con los procesos de producción y de consumo del modelo económico actual, de ahí que existe una estrecha conexión entre el crecimiento de la economía y el aumento del consumo de energías fósiles, de tal manera que, “un aumento rápido del crecimiento económico, bajo las actuales circunstancias, estará acompañado de un rápido crecimiento de energía y las emisiones per cápita (Galindo et al. 2015, 12)”; y, por ende, de la intensificación de los efectos del cambio climático.
El cambio climático, no solamente ocasiona el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, también trae consigo el cambio en los patrones de precipitación que, a su vez, producen sequias o inundaciones más frecuentes y severas; el deshielo, la elevación del nivel del mar y la amenaza de comunidades costeras; eventos climáticos extremos como huracanes, ciclones, incendios forestales y tormentas; entre otros fenómenos. Estos sucesos tienen un impacto negativo en la biodiversidad, amenazan la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, generan riesgos en la salud de la población y de las criaturas que habitan el planeta, y, lógicamente, causan inestabilidad social y económica.
La alternación climática del planeta, por lo tanto, constituye un riesgo sistémico que compromete la sostenibilidad de todos los países que la integran, especialmente de aquellos que se ubican en la región de América Latina, como Perú, que son los más vulnerables por su riqueza biológica y por su propio endemismo (Sekercioglu, 2011). Hay evidencia de los graves impactos que ha ocasionado en las actividades agropecuarias, en la biodiversidad, la calidad del agua, la salud de las personas (sobre todo de las más vulnerables), la integridad de los bosques, entre otros (Magrin 2014, 12). De igual manera, se advierte que la ocurrencia y la gravedad de los desastres naturales han producido la pérdida de vidas humanas, de la flora y fauna silvestre y la afección de la economía local. Con lo cual se produce una asimetría e inequidad con respecto al impacto del cambio climático, pues, aunque los países de la región no son los principales emisores contaminantes son singularmente los más vulnerables frente a su repercusión; más aún, los grupos de ingresos más bajos generalmente son los más sensibles a los peligros que este conlleva (Sánchez y Reyes 2015, 33).
En atención a sus consecuencias devastadoras, el cambio climático constituye un desafío global que requiere acciones inmediatas y coordinadas de individuos, gobiernos y la comunidad internacional para frenar el deterioro del ecosistema, mitigar sus efectos, restaurar el equilibrio ambiental y proteger el planeta disfrute con el fin de garantizar nuestro hábitat y el de las generaciones futuras. Con tales propósitos deben diseñarse y aplicarse políticas encaminadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de bosques y ecosistemas, la promoción de prácticas productivas y de consumo sostenibles, la gestión de la adaptación y resiliencia frente a la variación climática y al impulso de la cooperación internacional.
La mayoría de las acciones mencionadas, además de brindar soluciones ante el cambio climático, tienen un efecto positivo en la economía, en el medio ambiente y en nuestro estilo de vida. Es por ello, que a pesar de que la puesta en marcha de tales medidas exija la inyección de importantes recursos financieros por parte de gobiernos y empresas, es imprescindible hacerlo, debido a que el costo económico, sanitario y social de la inacción climática resulta aún más caro.
3. Instrumentos de política fiscal con incidencia ambiental
La política fiscal es una herramienta de derecho público útil que permite diseñar un modelo económico de desarrollo sustentable y sostenible a través del sistema impositivo, el gasto y la inversión pública. También es fundamental para la captación de recursos económicos que sustenten el costo de implementar las restricciones ecológicas en los planeamientos de crecimiento económico y que, por ende, brinden una conciliación tolerable entre los objetivos del presente (crecimiento económico) y del futuro (reducción de la contaminación, mitigación del cambio climático y cuidado del medio ambiente), especialmente en el contexto peruano, donde los problemas económicos, políticos y sociales son más que evidentes.
Los objetivos de las políticas fiscal con impacto ambiental son variados, en algunos casos por medio de impuestos, subsidios e incentivos fiscales, buscan inducir a cambios de comportamiento de los agentes contaminadores, disuadirlos de seguir polucionando e incentivarlos al uso de prácticas productivas eco-sostenibles que adapten sus emisiones de gases de invernadero a estándares mínimos; mientras que, en otros, la finalidad de estas políticas dista del ambiental, aunque podrían tener un impacto ecológico positivo.
Como se aprecia una política fiscal con incidencia ambiental no se circunscribe únicamente a la creación y aplicación de impuestos ambientales, que financien actividades con impactos positivos para el ecosistema, como por ejemplo la conservación y restauración de los recursos ecológicos o el cambio de la matriz energética. También comprende la implementación de subvenciones e incentivos tributarios que promuevan el cambio de comportamiento de los agentes económicos contaminantes para efectos de la reducción de la polución ambiental.
De esta manera, por un lado, se logra financiar políticas públicas que disminuyan el costo de adopción de las restricciones ecológicas en los planeamientos de crecimiento económico y que, por ende, brinden una conciliación tolerable entre los objetivos del presente (crecimiento económico) y del futuro (mitigación de la contaminación y del cambio climático y el cuidado del ambiente), especialmente en el contexto peruano, donde los problemas económicos, políticos y sociales son más que evidentes. Y, por otro lado, logren modificar patrones de consumo y producción para transitar hacia un modelo económico de desarrollo, sustentable, sostenible y bajo en carbono (Almeida, 2018).
En ese orden de ideas, es evidente que una política fiscal con impacto ecológico debe tener un enfoque integral, que combine instrumentos de ingresos (impuestos ambientales y no) y gastos (subvenciones, incentivos tributarios, entre otros) que, a su vez, logren un cambio de comportamiento en el agente contaminante (productor y/o consumidor) para que abandone los proceso productivos y prácticas de consumo dañinos para el ambiente, reduzca sus emisiones, mejore su tecnología de producción y disminuya sus índices de polución.
La conjugación de políticas tributarias con políticas de gasto tiene múltiples aspectos positivos, ya que a través de aquella se alcanza un mayor apoyo social y político a la implementación de medidas favorables al medio ambiente. Se reduce el potencial impacto regresivo o la disminución de la competitividad que podría acarrear en ciertas empresas. Asimismo, se financia las medidas destinadas a la protección y conservación del ambiente y se fomenta eficiencia económica. Sin embargo, para que estas políticas logren los efectos esperados debe establecerse mecanismos de aplicación y control, que pueden ser inicialmente costosos. También, es imprescindible que se fomente el cambio de la tecnología productiva en el mediano plazo y se eduque a la población para que tome conciencia de las consecuencias perversas de la contaminación ambiental. Finalmente, es necesario evitar que estas políticas se conviertan en un factor inflacionario que incida negativamente sobre la productividad y la competitividad o sobre la distribución del ingreso.
3.1. Políticas tributarias con incidencia ambiental: Impuestos ambientales
Los impuestos ambientales, de tipo “pigouviano”, vienen a ser mecanismos jurídicos diseñados sobre la base de fórmulas de mercado que contribuyen con la implementación de políticas ambientales de forma eficiente en razón de que los agentes económicos tienen la posibilidad de decidir individualmente el costo ambiental de sus operaciones a través de sus niveles de consumo y consecuentemente de sus emisiones.
Estos gravámenes afectan la actividad de un mercado para corregir resultados no deseados asociados con la contaminación que genera. En ese sentido, interiorizan las externalidades negativas que tal actividad ocasiona por medio de su incorporación como supuesto de hecho gravado, de tal manera que su incidencia recaerá sobre el productor o sobre el consumidor dependiendo, entre otros factores, de la elasticidad precio de la demanda (Pigou, 1962).
El enfoque sobre el que se construye este tipo de impuestos se sustenta en el principio de que quien contamina o degrada el medio ambiente debe asumir los costos económicos y sociales asociados a sus acciones. A través de su regulación, se busca desincentivar actividades contaminantes o generadoras de residuos, promoviendo alternativas más ecológicas y eficientes.
En atención a sus características, estos impuestos no restan eficiencia a los mercados, en la medida que incorporan los costos del daño ambiental a los productores o consumidores. Por otro lado, producen un doble beneficio ya que aportan al cambio de patrones de consumo y producción, dependiendo de las elasticidades precio e ingreso, pero a su vez aportan a la consolidación fiscal al incrementar los ingresos del tesoro público.
Desde otra perspectiva, los impuestos ambientales son pagos que deben efectuar los agentes económicos que emiten y/o producen sustancias contaminantes (gases de efecto invernadero), para cuyo cálculo se aplica un margen impositivo (fijo o variable) sobre una base imponible que se determina en función al nivel de contaminación potencial o real. Se excluyen aquellos gravámenes del tipo Selectivo al Consumo.
Los tipos de impuestos ambientales más utilizadas por las legislaciones se ubican en tres grupos que se distinguen en función de su base imponible: a) impuestos sobre la energía, b) instrumentos que gravan al transporte y, c) otros. Los impuestos del primer grupo comprenden a los que se aplican sobre productos relacionados con la generación de energía con efectos contaminantes como los combustibles fósiles y la electricidad, y aquellos empleados por vehículos a combustión, como las gasolinas y el diésel. Los orientados a gravar al transporte incluyen aquellos que recaen sobre vehículos motorizados, en su comercialización, propiedad, registro, permiso de circulación, entre otros. Finalmente, el tercer grupo (otro) engloba un conjunto de gravámenes que tienen un menor desarrollo y uso en la experiencia comparada, como por ejemplo los impuestos sobre sustancias gaseosas específicas con impacto ambiental sobre la capa de ozono, la extracción y desecho de agua, el manejo de residuos sólidos, la extracción de recursos naturales de origen mineral, el uso de pesticidas y fertilizantes (CEPAL, 2019, 105).
3.2. Políticas de gasto con contenido ambiental: Subsidios e incentivos tributarios
Las políticas de gasto con un enfoque ambiental son transferencias corrientes no compensables que las unidades de gobierno efectúan a los agentes económicos con el propósito de incidir en su comportamiento, en la asignación del precio de productos contaminantes (FMI, 2014, 145) y en el desarrollo de una economía sustentable y baja en carbono.
Comprende a las medidas de desgravación que se diseñan para la concreción de políticas públicas dirigidas a salvaguardar y recuperar la integridad del ecosistema, tales como exenciones, deducciones, diferimientos, tarifas/alícuotas impositivas reducidas, devoluciones o regímenes simplificados y/o especiales. Desde ese punto de vista, vienen a ser incentivos tributarios creados para promover la ejecución de acciones y proyectos que contribuyan con la conservación, protección y restauración del medio ambiente, especialmente en áreas relacionadas con la energía, transporte, contaminación y extracción de recursos naturales. Estas medidas serán efectivas siempre y cuando las empresas de los sectores económicos beneficiados consideren que el ahorro tributario obtenido es mayor a la inversión que deben hacer en actividades ambientalmente responsables. De no ser así, no se acogerán a tales incentivos y, por ende, tampoco modificarán su comportamiento ni se disminuirá los índices de degradación ambiental (Almeida, 2021, 57).
La implementación de estas disposiciones, favorables a los agentes económicos, reduce la cuantía del impuesto, y, por ende, también disminuye los ingresos tributarios de un gobierno (FMI, 2014, 99). Es por ello que deben ser temporales, focalizados, evaluables y económicamente viables. Asimismo, tienen que estar sujetos a control y evaluación periódica porque corren el riesgo de convertirse en mecanismos de elusión y evasión tributaria.
4. La política fiscal como una herramienta de gestión ambiental: Caso peruano
En la experiencia peruana observamos que desde hace algunos años el gobierno ha incorporado un conjunto de medidas que buscan enfrentar la contaminación ambiental y el cambio climático y, paralelamente, promover la sostenibilidad del desarrollo económico del país. Sin embargo, estas acciones resultan insuficientes para contrarrestar la problemática ambiental, por lo que resulta indispensable mejorar el actual marco jurídico y de gestión ambiental.
De hecho, existe una regulación ambiental para las actividades extractivas y productivas referidas principalmente al sector minero, energético y pesquero, que exige el cumplimiento de medidas de prevención, supervisión, control y corrección anticipada ante los impactos ambientales negativos que ocasionan tales operaciones. Empero, los procedimientos de fiscalización y control del cumplimiento de estas medidas son limitados, por lo que no han logrado detener el deterioro ecológico ni la agudización del cambio climático.
En ese escenario, la política tributaria con contenido ambiental es una herramienta valiosa para abordar los desafíos ambientales y para administrar medidas y acciones con el fin de proteger la riqueza natural del país y promover un desarrollo sustentable y sostenible. Al combinar políticas de ingresos (impuestos ambientales) y de gasto público (subsidios e incentivos fiscales), el sistema puede alinear los intereses económicos con los objetivos de protección ambiental y sostenibilidad. De tal manera, que, por un lado, incentiva comportamientos y actividades que sean respetuosos con el medio ambiente y, por otro, desincentiva acciones que generen impactos negativos en el entorno.
Ahora bien, en la experiencia peruana se han implementado algunos instrumentos de política tributaria con la finalidad de abordar la problemática ambiental y promover la sostenibilidad, dentro de los cuales se destacan los siguientes:
4.1. Impuestos con incidencia ambiental
- Impuesto a las bolsas de plástico de un solo uso: Es el único impuesto ambiental que contempla el ordenamiento jurídico peruano. Ha sido implementado con el objetivo de reducir la contaminación de bolsas de plástico y promover la adopción de alternativas más sostenibles, como bolsas reutilizables.
- Impuesto Selectivo al Consumo – Combustibles y vehículos: Este impuesto grava a los vehículos que emiten altos niveles de dióxido de carbono (CO2) en función de su grado de nocividad, con la finalidad de desalentar el consumo de combustible con alto contenido contaminante y, a su vez, incentivar la adopción de vehículos más limpios y eficientes desde el punto de vista ambiental. En aplicación de esta medida los vehículos nuevos tienen una tasa escalonada de 0% -20% sobre el valor de venta (CIF+ADV), que se determina según del tipo de combustible o energía que utilizan (gasolina de acuerdo a la capacidad de motores, diésel, gas, híbrido y eléctrico), y los vehículos usados del 40%. En sentido similar, las tasas del impuesto aplicables a los combustibles se determinan de acuerdo a los índices de nocividad establecidos por el consejo directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y teniendo en cuenta las características vigentes de la matriz energética utilizada en el país.
- Impuesto al Rodaje: Es un tributo que se aplica a los vehículos que circulan por las vías públicas del país. Se creó con el objetivo de financiar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura vial. y se calcula aplicando la tasa del 8% sobre el valor de venta de las gasolinas, cuyo rendimiento deberá distribuirse entre los Concejos Municipales de la República. Al formar parte del sistema tributario municipal es utilizado por las municipalidades provinciales y distritales para el financiamiento de obras y servicios públicos de su competencia, tales como, la construcción, conservación y reparación de obras infraestructura urbana; actividades de remodelación, conservación y restauración de monumentos, fincas, barrios y ambientes urbanos y proyectos para el ornato urbano, el esparcimiento y recreación de la población, como por ejemplo: parques, alamedas, campos deportivos y similares.
4.2. Subsidios e incentivos tributarios
- Incentivos fiscales para la energía renovable: Para promover la generación de energía a partir de fuentes renovables, se han implementado incentivos fiscales, como exenciones o reducciones de impuestos, a proyectos de energía solar, eólica y otras energías limpias.
- Impuesto a la Renta – Depreciación especial para vehículos limpios: El Impuesto a la Renta grava las ganancias obtenidas por las personas naturales y jurídicas que realizan actividades económicas en el país. Una de las formas de reducir la base imponible de este impuesto es mediante la depreciación de los activos fijos, que consiste en reconocer el desgaste o pérdida de valor de estos bienes por el uso o el transcurso del tiempo. Entre los activos fijos que pueden depreciarse se encuentran los vehículos, que tienen una tasa de depreciación anual del 20% según el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Sin embargo, a través de la Ley Nº 31652, se ha dispuesto una depreciación especial para los vehículos que utilizan energías limpias, como la electricidad, el gas natural o el hidrógeno. Estos vehículos pueden depreciarse al 50% anual, lo que implica una mayor deducción de gastos y una menor carga tributaria para los contribuyentes que los adquieren. Con esta medida se busca incentivar el uso de vehículos limpios, que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la calidad del aire.
- Exoneración del IGV e ISC a los combustibles en la Amazonia: Mediante la Ley Nº 27037, Ley de promoción de la inversión en la Amazonía, se busca promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. En ese sentido, se ha dispuesto que las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encontrarán exoneradas del IGV y del ISC aplicable al petróleo, gas natural y sus derivados, según corresponda, por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en éstos. Asimismo, podrán solicitar reintegro tributario equivalente al ISC por sus adquisiciones de combustibles derivados del petróleo.
- Incentivos fiscales para la reforestación y conservación de áreas naturales: Existen incentivos fiscales para la reforestación y conservación de áreas naturales y la protección de la biodiversidad, que; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, y otras normas complementarias; comprende: depreciación acelerada del 20% de las inversiones realizadas en proyectos de reforestación, tasas reducidas del Impuesto a la Renta (15% a 29.5%) a quienes realizan actividades forestales de fauna silvestre y conexas, que se determina en función de los ingresos netos anuales y los ejercicios gravables, Régimen especial de recuperación anticipada del IGV, inafectación del impuesto predial de las concesiones dedicados al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones forestales, entre otros.
5. Sistematización de la política fiscal con fines ambientales y regulación de Impuestos ambientales: Un desafío pendiente
La realidad peruana demuestra que las medidas de política tributaria con fines ambientales deben ser mejoradas y sistematizadas para materializar los objetivos esperados, que se traducen básicamente en la reducción de la contaminación, el uso de energías limpias, el crecimiento la industria ecológica, la protección del medio ambiente y la obtención de recursos económicos que permitan financiar la puesta en marcha de proyectos de inversión que recuperen el equilibrio climático y la biodiversidad.
En este contexto, la sistematización y mejora de la política tributaria con fines ambientales deben convertirse en uno de los objetivos prioritarios del Gobierno. A partir de lo cual, se podrá incorporar consideraciones ambientales en la toma de decisiones económicas, que incentiven comportamientos más sostenibles y, paralelamente, desalienten la práctica de actividades perjudiciales para el medio ambiente.
Los objetivos de la política tributaria con enfoque ambiental se materializan a través de la conjunción orgánica y sistémica de políticas de ingreso (impuestos ambientales) y de gasto (subvenciones e incentivos tributarios), así como de otros instrumentos fiscales que reflejan los costos ambientales de las actividades económicas. En atención a lo cual, resulta fundamental organizar y perfeccionar las políticas fiscales con el objetivo de promover la protección y conservación del medio ambiente. En este contexto, «sistematizar» implica diseñar un sistema coherente y estructurado en las políticas fiscales relacionadas con el medio ambiente, mientras que «mejora» conlleva hacer ajustes y modificaciones para lograr un impacto más positivo en términos de sostenibilidad y conservación ambiental. Esta combinación de términos busca la optimización de las políticas tributarias para incentivar comportamientos y actividades amigables con el medio ambiente.
El contar con un sistema coherente de medidas fiscales con propósitos ecológicos es clave para promover el desarrollo sostenible de nuestra economía y mitigar los impactos negativos en el entorno que ocasiona el cambio climático. Es igualmente importante, el trabajo conjunto y coordinado de las autoridades del gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, que, a su vez, permita abordar los desafíos ambientales desde un enfoque integral y sistematizado que equilibre la conservación de los recursos naturales con la necesidad de desarrollo económico del país.
5.1. Estrategias de sistematización y mejora
- Evaluación de impacto ambiental: Para la optimización de la política tributaria con fines ecológicos, es esencial llevar a cabo una evaluación de impacto en el ecosistema. Esto implica analizar las implicaciones de la medida propuesta en términos de su contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad y la gestión de recursos naturales.
- Establecimiento de objetivos claros: Una política tributaria ambiental efectiva debe establecer metas específicas en términos de reducción de emisiones, conservación de recursos y promoción de tecnologías limpias. Estas deben ser cuantificables y medibles para evaluar su éxito.
- Diseño de instrumentos fiscales adecuados: Las herramientas normativas de carácter tributario empleadas, como impuestos a la contaminación o incentivos fiscales para la inversión en tecnologías verdes, deben ser diseñadas de manera precisa y equitativa. Esto implica la fijación de tasas impositivas adecuadas y la consideración de las implicaciones para diferentes sectores económicos.
- Monitoreo y evaluación continua: La sistematización y mejora de la política tributaria ambiental requieren un monitoreo constante de su eficacia. Esto significa la recopilación de datos relevantes, la evaluación de impacto a lo largo del tiempo y la adaptación de la política en función de los resultados obtenidos.
5.2. Beneficios de una política tributaria ambiental sólida
La implementación orgánica y sistemática de una política tributaria ambiental en Perú tiene múltiples beneficios. En primer lugar, contribuye significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación de los recursos naturales. Además, fomenta la innovación tecnológica y la adopción de prácticas más limpias en el sector privado. También genera ingresos fiscales adicionales que pueden destinarse a inversiones en infraestructura verde, programas de conservación y apoyo a comunidades afectadas por la transición hacia una economía más sostenible.
En ese sentido, la sistematización y mejora de la política tributaria con fines ambientales son pasos cruciales hacia un futuro más sostenible. Al incorporar consideraciones ambientales en la toma de decisiones económicas y fiscalizar aquellas actividades que dañan el medio ambiente, podemos avanzar hacia una sociedad más equitativa, limpia y próspera. La política tributaria ambiental no solo es una respuesta necesaria a los desafíos ambientales globales, sino que también representa una oportunidad para transformar nuestra economía hacia un modelo más respetuoso con el planeta y las generaciones futuras.
6. Conclusión
Las políticas tributarias con fines ambientales en Perú reflejan un compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno. Al abordar los desafíos ambientales a través de medidas fiscales, el país está sentando las bases para un futuro más verde y próspero. Estas políticas no solo buscan equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental, sino que también demuestran el papel activo que el sistema tributario puede desempeñar en la construcción de un futuro sostenible para todos
