Impuestos

Los impuestos verdes como política pública

La creación de impuestos verdes que gravan ciertas actividades perjudiciales para el medio ambiente debe estar acompañada de medidas para corregir su regresividad cuando no hay substitutos en el mercado

Colombia
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Ante los compromisos ambientales asumidos tanto en el marco del Acuerdo de París como de manera unilateral, los países deben lograr articular políticas públicas integrales que permitan cumplir con dichos compromisos. Como se ha evidenciado a través de los años, los impuestos hacen parte esencial de los planes de mitigación, razón por la cual observamos cada vez más cómo los países incluyen en sus legislaciones diferentes tipos de los llamados «impuestos verdes» o ambientales. Este tipo de impuestos están tomando cada vez más fuerza en los sistemas tributarios alrededor del mundo, sin embargo, como se va a explicar, deben ser estudiados y diseñados cuidadosamente para lograr cumplir sus objetivos sin crear distorsiones.   

Los impuestos verdes son aquellos tributos que gravan las actividades que resultan perjudiciales para el medio ambiente. Por medio de la implementación de los impuestos verdes, los Gobiernos pueden alcanzar algunos de los siguientes objetivos:

  1. Desincentivar el uso de los productos perjudiciales para el medio ambiente
  2. Incentivar el uso de recursos y productos sostenibles
  3. Aumentar el recaudo

El principal objetivo de los impuestos verdes es desincentivar el uso de productos y servicios perjudiciales para el medio ambiente e incentivar aquellos productos más sostenibles. Sin embargo, como se enunció arriba, también tienen como efecto generar más ingresos para el Estado en aquellos casos en que los contribuyentes no cambian su comportamiento con este sistema de incentivos.

Ahora, aun cuando pareciera que los impuestos verdes no deberían tener mayores detractores, son impuestos que pueden resultar regresivos al tener un impacto mayor en los hogares de menos ingresos, fenómeno parecido al del impuesto sobre el valor agregado (IVA). La regresividad de este tipo de impuestos surge porque comúnmente gravan el consumo de energía o el transporte, servicios que hacen parte del día a día de las personas. Por lo tanto, debido a que el impuesto se traslada al consumidor final vía precio, representa proporcionalmente un mayor gasto en los hogares de menores ingresos. Esta regresividad resulta en un alto costo político para los gobiernos que tratan de introducir impuestos verdes: tal fue el caso del presidente Macron en Francia cuando se enfrentó a protestas como consecuencia de su plan de aumentar el valor de la gasolina a través de un impuesto al carbono en 2018.

Por lo tanto, es importante que la introducción de impuestos verdes a los sistemas tributarios esté acompañada de medidas que busquen corregir esa regresividad. En ese sentido, aquellos impuestos que gravan ciertas actividades perjudiciales para el medio ambiente, pero frente a las cuales no hay substitutos en el mercado, únicamente logran aumentar el recaudo, siendo altamente regresivos. Por el contrario, cuando se introduce un impuesto verde que encarece la compra de vehículos, pero existen en el mercado formas de transporte sostenibles y de precio equiparable a los vehículos sin el impuesto, se está desincentivando el uso de vehículos particulares para transportarse mientras se incentiva medios de transporte más sostenible. De esta manera, aunque el impuesto sigue siendo regresivo, existen sustitutos en el mercado que se pueden utilizar para no asumir ese costo extra.

Otras maneras de corregir la regresividad consisten en otorgar descuentos tributarios respecto de otros impuestos o disminuir la tarifa del impuesto sobre la renta para los hogares de menores ingresos buscando que su carga tributaria total no se vea afectada. Sin embargo, como lo hemos visto en las discusiones del IVA, aunque todas las medidas corrigen de alguna manera la regresividad, no la eliminan por completo.

Aun reconociendo la regresividad de este tipo de impuestos, resulta claro que deben hacer parte de los sistemas tributarios alrededor del mundo como parte de las políticas públicas transversales para alcanzar los compromisos ambientales.

El gobierno colombiano, por ejemplo, intentó aumentar la cantidad de impuestos verdes en su legislación con el proyecto de ley de solidaridad sostenible que presentó en abril de este año y que tuvo que retirar con ocasión del estallido social que vive actualmente el país. El proyecto de reforma tributaria planteaba un impuesto a los plásticos de un solo uso utilizados para empacar o envasar, un impuesto al consumo de plaguicidas, y en el impuesto que grava los vehículos se incluía una tarifa que aplicaría en virtud de un componente de contaminación. Estos impuestos se hubieran sumado al impuesto al carbono y al impuesto a las bolsas plásticas que actualmente existen en el sistema tributario colombiano.

Junto a los impuestos verdes referenciados que pueden actuar como desincentivos, el sistema tributario colombiano también ofrece una serie de incentivos tributarios para aumentar la inversión en actividades sostenibles. Tal es el caso de la Ley 1715 de 2014 que promueve el desarrollo y uso de fuentes no convencionales de energía, al otorgar deducciones especiales de renta en razón del valor de las inversiones, depreciaciones aceleradas, exclusiones del IVA y de gravámenes arancelarios, o el caso de las tarifas reducidas de IVA y arancel para los de vehículos híbridos.

Es importante mencionar que algunos legisladores han visto en los impuestos verdes la oportunidad de generar más recaudo que permita financiar los programas sociales que se pusieron en marcha para contrarrestar los efectos de la pandemia. Sin embargo, considero que el reto de los legisladores, de cara a los impuestos verdes, es no utilizarlos con el propósito principal de generar más recaudo, sino mantener su objetivo de desincentivar las actividades dañinas para el medio ambiente, y que el mayor recaudo surja como consecuencia de aquellos contribuyentes que no quisieron ajustar su comportamiento perjudicial para el medio ambiente. En todo caso, resulta importante que el mayor recaudo pueda ser destinado a implementar programas ambientales. Todo esto acompañado, necesariamente, de las respectivas correcciones a la regresividad del impuesto.

Hay varios estudios sobre cómo se deben diseñar los impuestos verdes y es necesario que nuestros legisladores los revisen para evitar introducir en los sistemas tributarios impuestos antitécnicos que no ayuden a cumplir con los compromisos ambientales que han adquirido los Estados.