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La “práctica referente” en la gestión de riesgos de las Administraciones Tributarias

Herramientas valiosas de auditoría para disminuir la exposición de las administraciones tributarias a los riesgos de fraude y corrupción

Colombia
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TEMAS

Introducción

La gestión de riesgos en las administraciones fiscales conforma un crucial elemento de prevención del fraude y la corrupción. Ello ha sido reconocido por organizaciones como la OCDE que, en su Manual sobre Integridad Pública, recomienda “implementar un marco de control y gestión de riesgos que salvaguarde la integridad en las entidades del sector público” .

Ahora bien, una de las maneras más efectivas para salvaguardar la integridad en la administración fiscal, y gestionar riesgos de fraude y corrupción, reside en la implementación del control externo, adoptado en Colombia a partir de la creación de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, según se señaló en el artículo publicado en este portal en el mes de agosto de 2021.

Conviene indicar que el control externo de gestión de riesgos, como es el efectuado por esta Entidad, tiene como punto de partida la identificación estratégica de los procesos misionales de la administración tributaria cuya ejecución implica mayor exposición a riesgos de esa naturaleza. Esta identificación se efectúa mediante varios elementos de evaluación, como por ejemplo, procesos o actuaciones con mayor cantidad de denuncias, mapas de riesgos de la entidad, informes de gestión, rendición de cuentas, análisis de información estructurada y no estructurada de los trámites y servicios que se prestan, entrevistas técnicas a partes interesadas, públicas y privadas, entre muchos otros, con el fin de priorizar los asuntos que ameritan la realización de una inspección enfocada en establecer los aspectos o rasgos del proceso auditado, y valorar el estado de los controles, que lo hacen más sensible al fraude y la corrupción.  

Asimismo, el trabajo de inspección genera una medición del grado de sensibilidad a ese tipo de riesgos a través de los indicadores aplicables para el efecto1. Este proceso de inspección culmina con la recomendación de las acciones o prácticas puntuales preventivas y correctivas que conducen a mitigar los riesgos de fraude y corrupción identificados en el respectivo proceso misional auditado.

Pues bien, en términos prácticos, el control externo materializado en el proceso inspector, deriva en un compromiso de acciones a implementar por parte de la administración tributaria, plasmado en un documento denominado “plan de prevención del fraude y la corrupción – PPFC”, el cual es objeto de monitoreo y verificación posterior para constatar que los indicadores de exposición al fraude y corrupción detectados en la fase de inspección presenten una merma significativa, como resultado de la implementación de las acciones recomendadas.

El proceso así sintetizado puede dar lugar a la identificación de una “práctica referente”, consistente en las experiencias o acciones que han solucionado un problema, atendido una necesidad de servicio en la ciudadanía, o que han disminuido la posibilidad de materializar un riesgo de fraude u otras prácticas no apropiadas. La identificación y generación de este tipo de prácticas, contribuye a disminuir de manera efectiva la exposición a riesgos de fraude y corrupción, cuyo impacto en las administraciones tributarias, no es de poca monta al afectar directamente la integridad del recaudo público.


Utilidad de la práctica referente

Uno de los propósitos de la auditoría externa y la gestión de riesgos estriba en advertir la producción de prácticas exitosas a fin de establecer su adopción a largo plazo, no solo en el proceso cuya inspección y monitoreo la generó, sino también en otros procesos, e incluso en otras entidades con responsabilidad en el recaudo y administración de recursos públicos o que tengan procesos similares.

Es de anotar que la práctica referente es apoyada también en las recomendaciones provenientes de entidades que procuran lograr mayor transparencia en los procesos como son la Organización Mundial de Aduanas – OMA, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otras, de manera que es posible encontrar una práctica de comprobado éxito, coincidente con las recomendaciones planteadas por estas organizaciones, por lo que su descubrimiento e implementación continuada permiten promover la generación de buenas prácticas en la administración fiscal a nivel local e internacional.

La práctica referente consta de varios elementos que permiten dar cuenta de tal característica. Uno de ellos consiste en la asociación directa entre su realización y la disminución del indicador de sensibilidad al fraude y corrupción, y para ello, su adopción debe ser objeto de monitoreo y medición. Asimismo, es importante que se trate de una práctica preferiblemente innovadora que conduzca a modernizar y a generar valor en los procesos misionales.

En este sentido, las recomendaciones de la Agencia ITRC han estado enfocadas, principalmente, en áreas como la seguridad de la información (19,22%), controles de registro y trazabilidad de operaciones (13,04%), definición, unificación o cumplimiento de criterios al desatar recursos o peticiones (12,36%), optimización o actualización de procedimientos e indicadores (11,43%), controles de monitoreo y supervisión de procesos (8,81%) y modernización o actualización de los servicios informáticos electrónicos o aseguramiento de las herramientas ofimáticas (6,86%), de forma tal que las acciones recomendadas en estos temas han permitido contrarrestar la materialización de riesgos latentes en los procesos misionales de las entidades auditadas, como son, la omisión o falencia en los controles, el incumplimiento normativo, la falencia en la trazabilidad de las operaciones, la inactividad procesal injustificada, la debilidad en los controles de acceso lógico, la concentración de funciones y la discrecionalidad en la toma de decisiones, entre otros.

Es de recalcar que las acciones o recomendaciones en las áreas mencionadas se han formulado para atacar las principales causas de fraude y corrupción detectadas en cada proceso, y su identificación coincide, en gran parte, con las causas reconocidas por la OCDE y el Banco Mundial2 como generadoras de ese flagelo, como son, la falta de un adecuado marco normativo y regulador para la recaudación de impuestos, la complejidad de las normas fiscales y de los procedimientos, entre otras.

Así las cosas, es oportuno indicar que varias de las recomendaciones puntuales formuladas por la Agencia ITRC pueden catalogarse como práctica referente, toda vez que debido a la madurez de esta Entidad y a la observancia de los planes de tratamiento o de prevención del fraude y corrupción, que se cierran en un promedio de 18 meses por parte de las entidades auditadas, ha sido posible valorar su cumplimiento a través de inspecciones de verificación para establecer la reducción del indicador de fraude y corrupción en la DIAN, UGPP y COLJUEGOS3, en un 31.36% para el período 2021, es decir, esta disminución corresponde a la verificación de la efectividad en la implementación de las prácticas recomendadas en varios de los procesos inspeccionados en las entidades auditadas, lo que, se reitera, demuestra una significativa efectividad.

Además de la aptitud que se predica de las recomendaciones generadas en un proceso auditor para disminuir los riesgos detectados, es de esperar que aquellas ostenten un alto nivel de pertinencia en el sentido que la respectiva actividad apunte directamente a atajar la materialización del riesgo de fraude y corrupción identificado, y asimismo, debe, obligatoriamente, efectuarse su posterior monitoreo bajo parámetros objetivos que permitan medir los resultados de su implementación, puesto que solo así será factible identificar una práctica como referente, que conduzca a la implementación acertada y generalizada de buenas prácticas, las cuales pueden ser tomadas y adaptadas a la realidad de otro tipo de organizaciones  interesadas en gestionar efectivamente su riesgos de fraude y corrupción.

Finalmente, conviene acotar que el enfoque del proceso auditor en la identificación de prácticas referentes permite consolidar un entorno de control en las entidades que configure un eficaz sistema de integridad para la prevención de la materialización de riesgos de fraude y corrupción, tan necesario en nuestra región como garante de protección del recaudo fiscal.


[1] Estos indicadores son, el Indicador de segregación de funciones, de aseguramiento de decisiones, de protección a la información electrónica, de protección de reglas de negocio y de aseguramiento de trazabilidad.
[2] Manual de ética – transparencia y lucha contra la corrupción Las administraciones tributarias al servicio del ciudadano – CIAT 2021, página 55.
[3] Entidades foco de control por parte de la Agencia ITRC y principales recaudadoras de tributos, rentas y contribuciones parafiscales en Colombia.