Impuestos

El test de confiscatoriedad en el aporte solidario extraordinario impuesto a la riqueza

El impuesto a la riqueza argentino analizado a la luz del principio de no confiscatoriedad y su relación con el impuesto sobre los bienes personales

Argentina
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TEMAS

El Aporte Solidario Extraordinario, en adelante “ASE”, contiene todos los elementos constitutivos de un impuesto directo (sujetos, objeto base imposible, alícuotas, etc.), su cobro es coactivo y el perfeccionamiento del “hecho imponible” hace nacer la obligación tributaria, con lo cual es una contribución de naturaleza tributaria. El objeto del impuesto es gravar los bienes existentes al 18/12/20, es decir, se trata de un tributo patrimonial, que nace con un “pecado original”, al igual que el Impuesto sobre los Bienes Personales (IBP), no considera el pasivo.

La doctrina mayoritaria1 afirma que la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo se refleja a través de la rentabilidad que los bienes generan. En efecto, los impuestos patrimoniales proponen gravar el “rendimiento anual” del capital, pero nunca detraer con dichos tributos, el propio capital; ya que ello llevará a suprimirlo, de ahí se desprende la exigencia de mantener la intangibilidad del capital para que la obligación tributaria, inexcusablemente debe solventarla con las rentas reales o potenciales.

La aplicación del ASE en casos concretos excede la renta de los bienes gravados, lo que produce una descapitalización ya que deberá desprenderse de parte del patrimonio para afrontar el pago del impuesto.

Recordemos que la garantía de no confiscatoriedad constituye una creación pretoriana de la CSJN, por la cual queda limitada la aplicación de impuestos cuando los mismos llevan a anular el derecho de propiedad del contribuyente mediante una imposición excesiva e irrazonable.

La Corte en forma categórica ha establecido que, en un estado de derecho, no puede admitirse ninguna clase de imposición, que de su aplicación resulte, para el contribuyente, una absorción sustancial del capital o de la renta, ya que ello importa, ni más ni menos, que una forma de negación del derecho de propiedad tutelado por la Constitución Nacional. Ese derecho es inconciliable con el desapoderamiento a título de impuesto de más de un 33% de la utilidad corriente de una correcta explotación de inmuebles rurales (conf. “Sara Pereyra Iraola vs. Pcia. Córdoba, 22/11/46).

Al decir de García Belsunce, “la confiscatoriedad respecto de gravámenes se da en tanto y en cuanto, afecte el capital o más del 33% de su renta”.2

Doble imposición, mayor confiscatoriedad

La CSJN también estableció que el vicio de la confiscatoriedad puede producirse no solo con relación a un único impuesto, sino también en hipótesis de múltiple imposición.3

En el caso del ASE e IBP son dos impuestos formalmente separados, pero jurídica y económicamente concurrentes sobre los mismos bienes, con lo cual en esencia pasa a ser una sobretasa de Bienes Personales.

Asimismo, cabe considerar, que las rentas de los bienes alcanzados se encuentran también sujetas al Impuesto a las Ganancias, todo lo cual corrobora categóricamente una confiscatoriedad manifiesta por la aplicación conjunta y superpuesta de varios gravámenes.

Definición de renta para determinar la confiscatoriedad

No existe ninguna norma que defina el concepto de renta a los efectos de relacionarlo con el impuesto en este caso el ASE o IBP.

En nuestra interpretación, debe tratarse de “renta neta”, determinada conforme a la ley del Impuesto a las Ganancias, para personas humanas y sucesiones indivisas, considerando la imputación de acuerdo a la categoría, con lo cual no aplica a los resultados por tenencia, pero debe estimarse una renta presunta para aquellos bienes que la ley de Ganancias lo establece expresamente.

En las Rentas de Inmuebles se consideran las locaciones reales o presuntas devengadas, neto de amortizaciones, gastos de mantenimiento y demás erogaciones relacionadas con este tipo de ganancias.

En las Rentas Financieras se incluyen los dividendos, intereses y cualquier otro resultado de la explotación de un capital percibido, excluidos los resultados por tenencia (devengados) negativos o positivos.

Deben considerarse los resultados que correspondan al criterio de transparencia fiscal internacional.

En las Rentas Empresarias se computan las distribuciones de dividendos o utilidades del último ejercicio comercial cerrado, excluyendo los resultados que se asignen y correspondan a ejercicios anteriores.

Por último, a los efectos del test de confiscatoriedad no deben incluirse las rentas del trabajo personal ni las deducciones generales y personales.

[1] Spisso, García Vizcaíno, Naveira de Casanova.
[2] “Algo más sobre la confiscatoriedad en la tributación”, La Ley, 1990-E Pp. 651-674.
[3] Fallos: 183:319; 187:234; 195:250 y 270; 193: 397; 210:172; 220:699; 236:22; 256:66; 262:366 entre otros.