Como todo Plan Nacional de Desarrollo, estructurado para cada etapa gubernamental, el correspondiente a la vigencia 2018–2022 marcó los lineamientos para el crecimiento y mejoramiento de Colombia y estableció los procesos que se debían llevar a cabo para cumplir con estas metas.
Lo anterior fue plasmado mediante los Pactos Estructurales del Plan, dentro de los cuales cabe resaltar su “Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia” donde estableció: “La Agencia ITRC consolidará su Observatorio de Fraude y Corrupción como una herramienta de estudio, promoción, intercambio y análisis de información relacionada con el aseguramiento de los recursos de la Nación en la Administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales del país (…)” (DNP, 2018, p.69).
Indudablemente, al consolidar este Observatorio se logra una gestión que incrementa el grado de legitimidad y confianza institucional, aportando al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, a través de la transparencia (Restrepo, 2021, p. 484), la cual se define como: “la cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta en la divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones. Como regla general, los funcionarios públicos, empleados públicos, gerentes y directores de empresas y organizaciones, y las juntas directivas tienen la obligación de actuar de manera visible, predecible y comprensible en la promoción de la participación y la rendición de cuentas” (Transparencia Internacional, 2009, p. 44). Así, con respecto al ámbito fiscal, la transparencia debe entenderse como el acceso del público a la información que compete a ese aspecto, de forma indivisible y confiable sobre las actividades pasadas, presentes y futuras de un gobierno, pero también, sobre los posibles riesgos que permitan la adopción de medidas oportunas en dicho ámbito (Almeida, 2014, p. 13), para evitar la evasión de los impuestos que se deberían tributar, así como otros delitos financieros.
Frente a este propósito, es relevante mencionar que, según el informe de Transparencia Fiscal 2022 (OCDE, 2022), los países latinoamericanos signatarios de la Declaración de Punta del Este muestran importantes avances en materia fiscal, principalmente en sus mecanismos de intercambio de información (EOI por sus siglas en inglés), por ejemplo, un aumento del 103% en la solicitud de información entre países para los años de 2020 a 2021. Sin embargo, los retos regionales y nacionales son todavía muy grandes, pues solo el 38% de los países manifiestan tener un alto conocimiento sobre el EOI entre el personal de cumplimiento fiscal, al tiempo que los bajos ingresos tributarios de la región se explican en las altas tasas de evasión tributaria que para 2020 situaban el promedio de impuestos, como proporción del PIB de los países allí incluidos, en el 19.8%, muy por debajo de la media de la OCDE, del 33.5% (OCDE, 2022, p. 16).
Estas cifras y estudios demuestran que aún son muchos los desafíos para aumentar las buenas prácticas en materia de transparencia fiscal. En tal sentido, el Observatorio de Fraude y Corrupción que ha consolidado la Agencia ITRC, es una de las principales herramientas que, en Colombia, apuntan hacia este fin, porque si bien este no alude específicamente a temas referentes a la interacción del contribuyente con la administración tributaria o a los mecanismos de intercambio de información, sí representa una radiografía del comportamiento de los riesgos de fraude y corrupción fiscal que, en general, aquejan a las administraciones tributarias.
Es importante mencionar que la estructura fundamental de esta herramienta guarda una destacable corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Estado, puesto que se basa en tres Ejes (El Eje de Medición, el Eje de Educación y el Eje de Participación) encaminados al cumplimiento de su naturaleza anticorrupción y que funcionan de manera cuidadosamente articulada, buscando que las mismas se orienten a informar, educar y fomentar el diálogo con diferentes grupos de valor y/o de interés teniendo en cuenta sus particularidades.
Así las cosas, el espacio reconocido a la herramienta de transparencia descrita en este artículo, ha permitido su incorporación a la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción (RENOBA) creada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, frente a lo que cabe destacar que el Observatorio de la Agencia ITRC es el primero en la región latinoamericana de carácter netamente público, especializado en el control del recaudo tributario.
De esta manera, a través del Observatorio es posible recopilar, estructurar, procesar y analizar la información sobre las acciones adelantadas en materia preventiva y sancionatoria en las entidades vigiladas, así como visualizar de forma dinámica los resultados obtenidos a través de las actuaciones de la Agencia en ejecución de su misionalidad, y plasmar el impacto de los avances hechos para frenar y condenar los actos fraudulentos y corruptos.
Por consiguiente, la experiencia colombiana en el control del recaudo tributario puede ser observada tanto por las administraciones tributarias, como por la ciudadanía en general, con la posibilidad de acceder de manera sencilla y amigable a los tableros de control construidos en el Observatorio, a partir de los cuales se logra identificar los principales riesgos de fraude y de corrupción, reconocer las tipologías de hallazgos más frecuentes, determinar los procesos más sensibles a estos fenómenos, detallar las recomendaciones efectuadas en los planes de prevención, así como explorar muchos otros datos que describen en general un panorama del comportamiento de este tipo de anomalías que padecen internamente las entidades vigiladas por la Agencia. Ejemplo de ello, es la visualización de la cuantificación del impacto fiscal de las inspecciones adelantadas, la cual se empezó a medir en el año 2019 y permite establecer el valor de los recursos en riesgo dejados de percibir o comprometidos con ocasión de la exposición a espacios de corrupción.
Si bien es cierto que las entidades colombianas cumplen con la normativa en materia de transparencia, a través de la divulgación de información pública con respecto a su presupuesto, planeación, control, contratación, entre otros aspectos propios de sus labores; la Agencia ITRC con el Observatorio de Fraude y Corrupción, va más allá, logrando organizar, analizar y visualizar de forma prolija, clara y estructurada los datos derivados de las inspecciones y los fallos disciplinarios proferidos, producto de su misionalidad. De esta forma, los resultados presentados en el Observatorio constituyen un marco de referencia para las diferentes administraciones tributarias a nivel internacional con el objetivo de reconocer, en general, los procesos más sensibles, identificar oportunidades de mejora, proponer acciones que deriven en mayores niveles de eficacia y eficiencia en materia fiscal, y así, disminuir y atenuar los espacios de corrupción que puedan presentarse en dichas instituciones.
La sociedad actual exige no solo que se evidencien acciones eficientes por parte de la administración pública, sino que éstas sean transparentes, íntegras y de conocimiento común, por lo que la publicación de los resultados, a través de herramientas de visualización, sirve como instrumento para fomentar la confianza en las actuaciones públicas.
De esta forma, es claro que un factor relevante de transparencia fiscal está conformado por la posibilidad de acceder a herramientas de conocimiento público en las que se detecten y midan los espacios con mayor nivel de exposición a ese tipo de riesgos, junto con la trazabilidad sobre las actividades dirigidas a mitigarlos. Ello cobra gran relevancia si se tiene en cuenta que muchos de los riesgos de fraude y corrupción en la administración fiscal no permiten un debido recaudo, o permitiéndolo, obstaculizan la debida administración o distribución del ingreso fiscal y es ahí donde la participación ciudadana, debidamente informada, juega un rol trascendental de control social.
