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El Impuesto a la riqueza en la Argentina ¿es un tributo exitoso?

Análisis del Impuesto a la riqueza desde una perspectiva, a la vez, práctica y de política tributaria respecto de su impacto recaudatorio y efectos económicos

Argentina
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El Gobierno argentino aseguró, en recientes declaraciones, que 10.000 argentinos ya han oblado el Impuesto a la Riqueza (“IAR”), ridículamente denominado por la ley que lo aprueba como “Aporte Solidario Extraordinario” para combatir los efectos del COVID-19. Decimos que su denominación es absurda, puesto que se trata claramente de un impuesto sobre los activos, por lo que en homenaje a la verdad no lo llamaremos como pretenden sus autores e impulsores. También es falaz el objetivo propuesto, toda vez que sólo una porción de lo recaudado se destina directamente a paliar las consecuencias de la pandemia. La mayoría de lo obtenido se encuentra orientado a cajas netamente políticas, en tiempos en los cuales es observada con mucha desconfianza la administración de los recursos públicos.

Las autoridades fiscales afirmaron que la cantidad de contribuyentes que ha cumplido con el pago de este impuesto es de 3.000 contribuyentes menos de los que habían sido calculados cuando se proyectó la medida. También se informó que, hasta ahora, se recaudaron AR$223.000 millones (equivalentes a alrededor de U$S 1.400 millones), lo que es exhibido orgullosamente como un éxito por parte del Gobierno.

Partimos de la base de que se trata de un impuesto nacido con cuestionamientos no sólo de los sujetos alcanzados sino también por la casi unanimidad de los tributaristas. Esto es así, puesto que, además de contar la Argentina con una presión tributaria récord en el mundo -si se suman los tributos de sus tres niveles de gobierno-, nuestro país ya posee un impuesto a la riqueza -en rigor, sobre los activos- que es el Impuesto sobre los Bienes Personales, con alícuotas que llegan a la elevada tasa del 2,25% y, para peor, sin permitirse la deducción de pasivo alguno. La combinación de ambos impuestos -que se suman a todos los demás del sistema impositivo argentino- resulta inusualmente confiscatoria. También la ley contiene otros claros abusos tendientes a alcanzar a sujetos que han perdido la residencia antes de la vigencia de la ley, a otros no residentes que son nacionales en países no cooperantes o de baja o nula tributación y hasta normas tendientes a gravar bienes que no integraban más el patrimonio de los contribuyentes al momento de empezar a regir ese plexo legal.

Desde el Gobierno se ha realizado una presión muy violenta y sostenida para evitar que el polémico tributo sea cuestionado ante la Justicia y evitar lo que se avizoraba como una gran rebelión fiscal por la vía judicial. Por un lado, se puso en marcha una campaña tendiente a señalar y a desprestigiar, a través de periodistas y medios de comunicación masiva afines al gobierno, a quienes decidiesen ir por el camino del litigio. A esto se sumaron amenazas de denuncias penales, embargos y otro tipo de acciones, verdaderamente hostiles, deslizadas también a través de la prensa por parte de los funcionarios. A su vez, se utilizaron otros caminos indirectos para la persuasión, como limitar -para las empresas cuyos titulares no hubiesen abonado el tributo- el acceso a determinada ayuda estatal. Particularmente, se condicionaron aquellos subsidios destinados a paliar los daños derivados de las restricciones estatales que se instrumentaron para evitar la propagación del COVID-19. Por su parte, se ha afectado una cantidad de recursos -humanos y materiales- nunca vista del organismo recaudador nacional -la Administración Federal de Ingresos Públicos- para intentar disuadir a quienes pretenden cuestionar su validez constitucional. Así, se han iniciado fiscalizaciones record a pocos días del vencimiento de las fechas de presentación y pago del IAR. Las autoridades del fisco pretenden que tales procedimientos, así como las determinaciones de oficio y reclamos judiciales de las deudas en cuestión, se concluyan en un tiempo antes nunca visto.


Realmente ¿ha valido la pena?

En el ámbito profesional existen sospechas de que, para exhibir una performance exitosa del polémico tributo, se haya subestimado el número de sujetos alcanzados por el IAR. Ello así, ya que 13.000 contribuyentes con un patrimonio superior a los $ 200 millones (poco más de u$s 2.4 millones al tipo de cambio del momento de generación del hecho imponible) parece ser un número bastante bajo para un país en el que hace pocos años -en una amnistía que fue célebre en el mundo- fueron sincerados más de u$s 116.000 millones. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la base de datos del impuesto sobre los bienes personales (que habría servido para detectar a los sujetos presuntamente alcanzados por el IAR) no contempla el valor de las participaciones societarias ni el de otros activos actualmente exentos, como los inmuebles rurales, que sí resultan alcanzados por el IAR.

Para no centrarnos en meras especulaciones podemos analizar la importancia de lo recaudado -hasta ahora- por el IAR en el contexto de los tributos nacionales que recauda la Administración Tributaria. Por un lado, se ha anunciado -de manera general- una recaudación de AR$ 223.000 millones, aunque entendemos que todavía estos no habrían ingresado al fisco en su totalidad, puesto que el informe de recaudación de abril de la AFIP sólo indica que se abonaron AR$ 109.852 millones y AR$8.907 millones que fueron ingresados mediante un Plan de Facilidad de Pago.

Por otra parte, el supuesto éxito recaudatorio pareciera relativizarse si se compara con lo ingresado por otros impuestos, ya que los $ 223.000 del IAR resultan menores que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en el mismo mes de abril ($ 233.000 netos).

Nadie -por lo menos, hasta ahora- ha realizado un estudio de la cuantiosa recaudación que se ha perdido y que se perderá por las numerosas relocalizaciones de contribuyentes y empresas que, agobiadas por la insaciable presión fiscal en el país han decidido adoptar drásticas decisiones para su vida personal y comercial. Por las experiencias con clientes y a través del intercambio con otros colegas estamos en condiciones de afirmar que se trata de un proceso único a nivel histórico e incesante en los últimos años. Además, a muchos de los contribuyentes que quedan “dentro del corral” se los está empujando hacia la informalidad.

Por lo expuesto, al no existir mediciones de los efectos económicos -daños concretos- que estas medidas producen en el ahorro, en la inversión y hasta en la recaudación futura de impuestos del país, más allá de algún impulso que pueda producir en los ingresos tributarios de algún mes -que, como vimos, tampoco resultan tan significativos-, creemos que resulta -por lo menos- exagerado que el Gobierno pueda exhibir el desempeño de este impuesto como un verdadero triunfo. Podría considerarse, a lo sumo, como una victoria pírrica. Pero cuando podamos advertir no sólo la foto, sino también la película, seguramente los resultados de esta aventura tributaria van a cristalizarse en nuestra realidad de manera muy negativa.