Con la Ley 2155 de 2021, “Ley de Inversión Social”, Colombia adoptó su más reciente reforma tributaria en la que incrementó, a partir del año gravable 2022, la tarifa de renta corporativa al 35% (bajo la legislación anterior esta tarifa debía quedar en 30%, a partir de enero de 2022). Frente a este incremento de tarifa no hubo fuertes detractores ni multitudinarias protestas como sí ocurrió con la primera propuesta de reforma tributaria que el Gobierno del Presidente Duque intentó pasar a principio de este año. Lo anterior muestra que todavía hay sectores que piensan erróneamente que los únicos que se ven afectados por el incremento de la tarifa de renta para sociedades son los accionistas. Pero ¿quién de verdad asume la carga económica de un incremento en la tarifa corporativa de renta?
En los años 2008 y 2010, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- estableció que el impuesto de renta para las sociedades era el más dañino para el crecimiento de las economías. Este impuesto desincentiva la inversión de capital afectando los recursos destinados a la investigación y desarrollo de los sectores productivos. Esto sucede dado que la naturaleza movible del capital permite que, ante un incremento en la tarifa corporativa de renta, se cambie la decisión del destino de la inversión.
No en vano se ha visto cómo, a través de los años, los países han reducido sus tarifas de renta corporativa. En la tercera edición de “Corporate Tax Statistics” expedida por la OCDE en 2021 en el que se analizó, entre otros, la tarifa de renta para sociedades de 111 jurisdicciones se muestra cómo, entre el año 2000 y el 2021, 94 jurisdicciones disminuyeron su tarifa de renta corporativa, 13 la mantuvieron y 4 la incrementaron. De esas 111 jurisdicciones, sólo 18 tienen una tarifa de renta corporativa igual o mayor al 30%.
Teniendo en cuenta los datos del Corporate Tax Statistics, con la introducción de la última reforma tributaria, Colombia quedaría entonces con la tarifa de renta para sociedades más alta de las jurisdicciones evaluadas en el informe ocupando el primer lugar junto con Malta, en contraste incluso con la tarifa de 25.2% que corresponde al promedio (excluyendo las jurisdicciones con tarifa 0%) para los países de América Latina y el Caribe evaluados en el informe para 2021.
Pero la nocividad del impuesto de renta para sociedades no es solo un tema de competitividad, de atracción de capitales extranjeros, o de crecimiento, sino también de que no hay claridad frente a quién asume económicamente dicho impuesto. Con relación a lo anterior, como consecuencia de la intención del Presidente Biden de aumentar la tarifa de renta para las sociedades en Estados Unidos del 21% al 28%, ha vuelto a surgir la discusión de quién realmente asume económicamente el efecto de un potencial incremento. Al respecto, es necesario poner de presente que no hay consenso frente a exactamente en qué proporción se distribuye la carga económica del impuesto de renta corporativo, pero sí cada vez más evidencia de que no recae únicamente en los inversionistas.
El Congressional Budget Office en Estados Unidos, encargado de hacer análisis independientes frente a temas económicos y de presupuesto y estimar el costo de los diferentes proyectos de ley, estimó que el 25% de la carga económica del impuesto de renta de sociedades recae en los trabajadores. Sin embargo, hay quienes estiman que este porcentaje es más alto. En un estudio publicado por American Economic Review en 2018, en el que se analizó el impacto de la tarifa de renta corporativa en los trabajadores en las municipalidades alemanas durante un período de 20 años, se concluyó que los trabajadores asumen un poco más del 50% de la carga económica, generando reducciones de salario en mayor proporción para las mujeres, jóvenes y trabajadores poco calificados.
No obstante, otros estudios han mostrado que la carga no la asumen únicamente los empleados y los inversionistas, sino que los consumidores también se ven afectados. En 2020 el National Bureau of Economic Research publicó un estudio que analiza el efecto del incremento de la tarifa corporativa de renta a nivel estatal en Estados Unidos en los precios de los productos de retail. La conclusión a la que llegan es que un incremento de un punto porcentual en dichas tarifas de renta tiene como efecto el incremento en el precio de los productos del 0,17%, y que la carga económica del incremento en las tarifas de renta la asumen en un 31% los consumidores, en un 38% los trabajadores y en 31% los inversionistas.
Aun cuando, como se explicó, no hay consenso entre los economistas de exactamente cómo se distribuye la carga económica del impuesto sobre la renta para las sociedades, sí es posible concluir que no es un impuesto que vaya a afectar únicamente a las personas con riqueza, como a veces lo quieren hacer ver los promotores de este tipo de medidas.
Si se revisa la exposición de motivos de la Ley de Inversión Social, el Gobierno colombiano justificó el aumento de la tarifa de renta “apelando a la solidaridad del tejido empresarial” y “asegurando que ninguna de las fuentes afecte a la población vulnerable o de clase media”. Sin embargo, lo anterior no resulta cierto puesto que, primero, las empresas son las que formalmente pagan el impuesto, pero no las que asumen la carga económica, ya que las cargas económicas recaen en los individuos (los inversionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores o los trabajadores de la sociedad); y segundo, como se ha expuesto, al tener un efecto en los trabajadores y potencialmente en los precios a los consumidores, sí se termina afectando a la clase media. En otras palabras, una medida que implementó el Gobierno para financiar a ciertos sectores puede estar siendo financiada por ese mismo sector.
Colombia terminó entonces con una de las tarifas de renta para sociedades más altas a nivel mundial sin cuestionarse realmente quién va a asumir la carga económica de la misma. Solo esperemos que esa respuesta rápida a la necesidad de generar recaudo para cubrir la situación social suscitada por la pandemia no resulte en el mediano plazo siendo financiada por los mismos afectados.
